¿Y qué pasó con el acuerdo militar entre Colombia y los Estados Unidos?

Han pasado cinco meses desde la posesión del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, y no deja de sorprender los cambios significativos que ha implementado a las políticas internas y externas con su gobierno. En el ámbito internacional, en menos de una semana restableció vínculos comerciales con Venezuela y cerró el año con un apretón de manos con Ecuador.

Durante el último mandato de Álvaro Uribe Vélez, las relaciones con los vecinos estuvieron marcadas por dificultades tras el acuerdo militar con Estados Unidos, firmado el 30 de octubre de 2009. Esta alianza, que se tramitó en secreto, encendió los ardientes lazos con Venezuela, Bolivia y Ecuador, y motivó a una protesta silenciosa con las demás naciones de la región.

Sin embargo, el llamado “Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, que daba vía libre al país del norte, para utilizar siete bases militares colombianas y dejar que soldados estadounidenses circularan por territorio con normalidad, tuvo corta vida; pues en agosto del año pasado, la Corte Constitucional lo declaró inexequible, alegando que conforme a la Constitución, un tratado internacional nuevo debe ser tramitado en el Congreso y el acuerdo no había cumplido con esa exigencia.

El Gobierno de Santos no hizo ningún pronunciamiento y solo se limitó a respetar las decisiones del organismo judicial. No obstante, en los últimos días de 2010, el tema volvió a la mesa principal al ser tratado a través de las filtraciones de WikiLeaks sobre Colombia, publicadas por El País, de España. En estos apartados se indica que en julio de 2008, justo después de ocurrir la Operación Jaque, el Presidente Uribe le solicitó a Washington el establecimiento de una “Cooperative Segurity Location”.

Lo anterior quiere decir que fue el Gobierno colombiano el que ofreció las bases, que para Estados Unidos eran significativas después de la no renovación de la base de Manta por Ecuador. Lo preocupante es que el texto fue redactado por funcionarios estadounidenses, y el gobierno de la época acolitó dicha acción.
Paralelamente, los mensajes publicados indican que el Presidente y su gabinete eran conocedores de las consecuencias políticas y jurídicas que tenía el tratado y por ello quisieron llamarlo Acuerdo Complementario; y la embajada anglosajona no puso objeción a ello; pero si evadió las responsabilidades que quería sumarle Colombia, tales como: Compromiso de Washington de defender militarmente al país en caso de una agresión de Venezuela y garantizar los bienes y servicios necesarios para enfrentar una amenaza a la seguridad de la nación.

Colombia también pedía que dos años después de la firma del acuerdo, Estados Unidos instalara un sistema de defensa aéreo para proteger las bases. Pero, a través de Wikileaks, se supo que para el Gobierno de Obama esta propuesta además de ser absurda, implicaba un riesgo financiero y diplomático con Latinoamérica. Así mismo, se supo que Bogotá ofreció completa inmunidad para los militares y contratistas del Norte, y se dejó claro que Washington se encargaría de investigar los crímenes de su personal y a informar al país sobre sus resultados.

Lo irónico es que el Ministro de Defensa que negoció el tratado fue precisamente Juan Manuel Santos Calderón, quien pidió explícitamente al embajador Brownfield, una ayuda importante en caso de un ataque de Chávez a Colombia, tal como lo hizo con Israel en la guerra del Yom Kippur de 1978. Con lo anterior, el Gobierno quería asegurarse que ante una nueva agresión en territorio de países vecinos, no habría ofensiva extranjera por el respaldo de los estadounidenses.

En septiembre de 2009, cuando Venezuela anunció la compra de 100 carros de combate T -72 a Rusia, Uribe le pidió a Estados Unidos que hicieran una “actividad simbólica y visible” de los militares de este país en la base de Palanquero, a lo cual la embajada se negó. Los cables filtrados sobre Colombia, causan profunda molestia por la completa sumisión de los gobernantes colombianos; supuestos líderes que deben estar rindiendo cuentas en la Embajada estadounidense a cambio de favores económicos y apoyos militares.

Por su parte, Santos prefirió dejar a un lado lo vivido en años anteriores expresando literalmente que “ahora no soy el Ministro de Defensa, soy el presidente de Colombia. He decidido olvidar lo que nos dijimos mutuamente, porque fue en ambas vías, y empezar una nueva relación”. Con Ecuador ocurrió tal cual. En cuando a la UNASUR tuvo acercamientos ligeros al proponer una candidata colombiana para presidir este importante foro, otorgándole al organismo la legitimidad que no le profirió Uribe.

Aunque sea irónico que el hombre que lideró el acuerdo militar con Estados Unidos, hoy prefiera mantener relaciones cordiales con sus vecinos. El país ve con beneplácito este cambio, al mejorar las relaciones comerciales y tener negocios con la región.