¿Grupo político o terroristas?

por Jorge Uribe Piedrahíta

Comunicador Social/Periodista Colombia

Durante 50 años, Colombia ha sufrido las acciones de un grupo guerrillero, que en sus inicios, defendía los derechos del pueblo. Desde Marquetalia, cuna de la revolución colombiana, los campesinos buscaban ser escuchados. Sin embargo, el pensamiento se ha ido transformando en acciones terroristas, narcotráfico y atentados contra los derechos civiles de los habitantes de la nación.

FARC (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia) han asesinado, sin compasión, más de 30.000 personas, entre militares, civiles, campesinos y niños. Más de 10.000 mutilados dejan las minas antipersona, siendo el 40% de ellos civiles, colombianos que todos los días se levantan a trabajar y se encuentran con minas camufladas entre bicicletas, balones, frutas, verduras u objetos llamativos. Este conflicto ha dejado 3 millones de desplazados y con esto, el campo sin trabajar.

Otra práctica es reclutar a la fuerza a más de 15.000 menores de edad, con el objetivo de entrenarlos para seguir con sus crueles ataques; niños que son arrebatados de  sus familias o porque la única opción es enrolarse ante la falta de oportunidades y por el mundo de ilusiones que ofrece el Grupo, ante la igualdad de los humanos, ya que ellos también se presumen del socialismo.

Las niñas son victimas de una prostitución forzada, obligadas a acostarse desde los 14 años con cualquier integrante de tan “distinguido” grupo. “Muchos países no conocen las violaciones que cometen las FARC dentro de Colombia, por esto buscan convertirlo en un grupo político opositor. Sin embargo, los secuestros, los niños sometidos a la guerra y la cantidad de muertos; nos sostienen en llamarlos: Terroristas,” asegura Luís Felipe Castaño, politólogo y analista.

Han sucedido más de 3.000 secuestros, famosos desde la implementación de la “pesca milagrosa” a finales de los años 90, cuando los guerrilleros hacían retenes en las carreteras o se tomaban centros policiales o simplemente formaban operativos para raptar a políticos. El mundo se horrorizó con las imágenes de la ex candidata presidencial Ingrid Betáncur, quien se convirtió en el símbolo de los secuestrados, afortunadamente ella fue rescatada a través de la operación Jaque del Ejército Nacional. Sin embargo, muchos no han tenido ese privilegio y han estado en la selva por más de 12 años.

Grupos policiales e investigativos han hallado cientos de fosas comunes en las que se mezclan guerrilleros, secuestrados y campesinos. Los cuerpos inertes son tratados como material para abonar al acuerdo humanitario, en el que por un secuestrado deben de ser entregados centenares de guerrilleros reclusos en cárceles y para muchos, como la senadora Piedad Córdoba, eso es equitativo.

Extorsiones, vacunas, robo de ganado, de tierras y vehículos; campos de concentración parecidos a los de Hitler; instauración de la esclavitud, a través de encadenamiento de los retenidos; miles de jóvenes que pasan su vida en la miseria, alejados de sus familias; mientras los miembros del secretariado disfrutan sus faenas en Venezuela, Europa y países vecinos con los dineros recogidos en extorsiones o narcotráfico.

Todo el dinero que ha usado la FARC en armamento, sumado al gastado por la Nación en guerra, reparación a victimas, restauración de pueblos, torres de energía, oleoductos, sería una cifra multibillonaria, con la que, seguramente, ya se habrían superado los problemas sociales y Colombia fuese una potencia económica Latinoamérica.